Si el Parlamento Europeo resuelve aplazar por un año más la entrada en vigencia del Reglamento 1115 o UEDR sobre productos libres de deforestación, que está prevista para el 30 de diciembre de 2025, permitiría realizar los últimos ajustes al sistema de trazabilidad, sobre todo en lo referente a la segregación física de los granos, que sigue siendo el mayor escollo y que, según los cálculos, podría costar USD 16 la tonelada, explicó a Productiva la Lic. Sonia Tomassone, asesora en Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

 

La profesional enfatizó que, actualmente, la segregación física de los granos, es decir, determinar qué cargamentos provienen de campos que cumplieron los requisitos para exportar a la UE y cuáles no, es el principal inconveniente, ya que, si bien se puede hacer, tiene un costo bastante elevado, motivo por el cual recordó que además de Paraguay y Estados Unidos, naciones europeas como Polonia, Austria y varias otras también se están oponiendo a la norma.

 

“Nosotros hicimos algunos cálculos y más o menos estaría por los USD 16 por tonelada, es un precio que el importador europeo no va a poder pagar, entonces no puede pagar el productor, no puede pagar la cadena comercial, entonces hay ciertos ajustes que todavía deben hacerse; si ellos permiten un balance de masa con toda la información respaldatoria, ahí sí podría ser bastante más viable, pero todavía queda el tema de la segregación física de cómo eso se va a hacer, porque no es solamente que les genera problemas a los países proveedores como Mercosur, Estados Unidos, sino también causa inconvenientes en los propios productores europeos”, remarcó.

 

Acotó que: “Si bien hace un mes ellos hicieron una nueva guía donde simplificaron y aclararon varios de los inconvenientes que varios países habían señalado. Por ejemplo, el tema de las documentaciones para probar que se cumplió la legislación doméstica, ellos ahora dicen que con una declaración del productor ya es suficiente, y así fueron simplificando y agilizando bastante”.

 

Explicó que el 30 % de los pellets que se producen en Paraguay va a la Unión Europea, que equivale a 1.5 millones de toneladas de soja en granos, aproximadamente, además recordó que el 80 % de la soja paraguaya va a Argentina, donde se procesa y luego una parte se destina al mercado europeo.

 

“De los 5 millones de toneladas que exportamos a Argentina, alrededor del 30 % se va a la Unión Europea. Estamos hablando de alrededor de 2.5 millones de toneladas que irían directa o indirectamente a la Unión Europea, a veces se va un poco más y eso se debería trazabilizar y sobre eso iría el costo”, explicó.

 

Señaló que, si se llega a postergar el R1115, cuya aplicación ya se había retrasado en 2024, nos otorga un poco más de tiempo para seguir trabajando. Recordó que los gremios de la cadena de valor de nuestro país, UGP, Fecoprod, Capeco y Cappro, crearon una plataforma privada gratuita y voluntaria, a fin de poder ir cumpliendo los requerimientos de la UE. “La plataforma está prácticamente lista, con todos los cambios se tuvo que ir ajustando el sistema, seguimos probando bastante bien, solo nos queda el tema de la segregación física. Cómo resolvemos ese tema de la segregación, ese sería el último escollo a resolver y si eso se llega a resolver, prácticamente ya estamos listos desde Paraguay”, resaltó.

 

Enfatizó que la plataforma no es solamente para cumplir con la comunidad europea, sino que también se ajustaría a los requerimientos de otros mercados. “Es hora de que Paraguay demuestre que estamos haciendo bien las cosas; llevamos más de 800.000 hectáreas monitoreadas, todas ellas cumplen con la reglamentación de libre de deforestación, tenemos que seguir haciendo, para mostrar al mundo que el productor y la cadena de valor de Paraguay está haciendo bien las cosas”, aseguró.

 

Precisó que si toda el área está libre de deforestación no habría la necesidad de segregar: “Si tomamos el informe de Infona, que es uno de los filtros que utilizamos para monitorear, el 99 % está libre de deforestación, por ende, no deberían exigirnos una segregación”.

 

Finalmente, mencionó que el pedido se eleva a los estados miembros de la Unión Europea, que deben aprobar o no su aplazamiento. “Esperemos que esto sea lo antes posible para saber cuáles serían las condiciones de la regla de juego del año que viene, ya que esto debería haber entrado a regir el primero de enero de 2026. Estamos aguardando la decisión final del Parlamento, pero, en general, en otras ocasiones parecidas, cuando es la propia comisión europea quien eleva este tipo de pedido, se suele dar curso en el Parlamento”, manifestó.

 

El pedido. La comisaria de Medio Ambiente de la UE, Jessika Roswall, le notificó esta semana al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Antonio Decaro, y a la presidencia danesa del Consejo de la UE su intención de retrasar la norma un año.

 

La normativa antideforestación de la UE (EUDR, por sus siglas en inglés) obliga a los importadores de aceite de palma, café, cacao, ganado, madera, granos y caucho a demostrar que no se han producido en tierras deforestadas, a partir del 2021, para poder venderlos en el mercado del bloque europeo.

 

En ese sentido, Roswall señaló su preocupación por el funcionamiento de la plataforma informática que gestiona los datos de cumplimiento, que podría crear «incertidumbre para las autoridades y dificultades operativas para las partes interesadas», según aseguró.

 

La principal razón para este nuevo retraso es la preocupación por el correcto funcionamiento de la plataforma informática de la UE para gestionar las declaraciones de diligencia debida, lo que podría generar incertidumbre operativa.

 

«En vista de ello, la Comisión está considerando un aplazamiento de un año de la entrada en vigor de la EUDR, actualmente prevista para el 30 de diciembre de 2025», añadió la alta funcionaria.

 

[Foto: Sonia Tomassone / Gentileza]