En el punto 13 del orden del día de la Cámara de Diputados de este martes 29 de octubre figura un proyecto de ley que modifica el artículo 4º de la Ley Nº 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”. Se agrega que serán sancionados con pena privativa de libertad o multa aquellos que realicen pulverizaciones aéreas o terrestres cerca de recursos hídricos, zonas urbanas, escuelas, centros de salud, etc., sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable. Sin embargo, este aspecto ya se encuentra contemplado en la Ley 3472/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, lo que demuestra no solo el desconocimiento de las normas vigentes y del sistema de producción desarrollado en Paraguay, sino que pretende criminalizar el cuidado de los cultivos.
La diputada por Central por Cruzada Nacional Leidy Galeano presentó el proyecto de ley respaldada en datos provistos por la ONG Base IS.
Se trata del Proyecto de Ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96 ‘Que sanciona delitos contra el medio ambiente’”, e incluye un quinto inciso que pretende sancionar con pena privativa de libertad de tres a ocho años o multa a aquellos que:
“e) Realicen pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros y puestos de salud, plazas, lugares de concurrencia pública, nacientes y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable”.
Sin embargo, el Capítulo XV de la Ley 3472/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” ya establece cuáles son las franjas de protección que se deben cumplir en caso de aplicaciones terrestres o aéreas de productos fitosanitarios, mientras que en el Capítulo XVII de esta misma norma se estipula las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones anteriores.
De acuerdo con un dirigente gremial consultado, con esto se genera una sobrecarga innecesaria de leyes y pretende criminalizar el cuidado de los cultivos.
El proyecto cuyo tratamiento se prevé para este martes tiene dictámenes de las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, y de Legislación y Codificación que aconsejan la aprobación con modificaciones, así como la de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático que aconseja, en mayoría, la aprobación con modificaciones y en minoría, el rechazo.
