El comercio ilegal de productos fitosanitarios o plaguicidas se incrementa en Latinoamérica, un delito que no solo afecta la economía, sino también la salud y el ambiente, pero a pesar de las alertas, aún son tímidos los esfuerzos para combatirlo, no solo por ausencia de fiscalización, sino por marcos jurídicos con sanciones poco ejemplares, revela el informe anual 2019-2020 elaborado por CropLife Latin America.
Este hecho ha impulsado el desarrollo de programas y estrategias que ayudan a combatir de esta actividad delictiva y buscan concienciar a las autoridades regionales sobre el impacto negativo que genera este delito, ya que estos productos no poseen garantías de calidad y eficacia, indica el informe.
Al respecto, CropLife Latin America participó en el 2019 del 5° Congreso de la Asociación Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), desarrollado en Costa Rica.
Representantes de organizaciones que combaten el comercio ilegal de productos fitosanitarios, como la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), la Policía Rodoviaria y la Policía Federal de Brasil, la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. (USPTO), el Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO) y cámaras de comercio de la región, analizaron temas críticos como el crecimiento de las bandas criminales y su accionar, particularmente en la triple frontera (Brasil, Paraguay y Argentina), la necesidad de mejorar la colaboración regional para desarticularlas, e impulsar un aumento de las penas para los delitos asociados al comercio ilegal.
De acuerdo con el informe, la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil es considerada una de las zonas más “calientes” del planeta cuando se habla de comercio ilegal. Se estima que por esta ruta ingresa la mayor parte de comercio ilegal de plaguicidas hacia Brasil, donde, según el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDEFS), el 20 % de los fitosanitarios comercializados en ese país son de origen ilegal, equivalentes a USD 2100 millones.
Además de esta iniciativa latinoamericana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó la Guía de Mejores Prácticas para Identificar el Comercio Ilegal de Plaguicidas. El manual posee 105 puntos que pueden servir como una lista de chequeo para implementar un programa nacional contra el comercio ilegal.
Esta guía incluye prácticas de fiscalización, desde la fabricación hasta la formulación, el comercio, uso y la destrucción final de los productos ilegales.
En ella se destaca que los plaguicidas deben tener un registro y etiqueta autorizada. En el caso de que sean exportados, se insta a especificar la inscripción y/o autorización del destino; si son para exportación, el registro y/o autorización del destino.
Además, el número de lote debe estar impreso de forma indeleble en los envases. En cuanto a la exportación, debe haber una lista de exportadores que permita a las autoridades vincular los cargamentos con sus exportadores.
Respecto a la importación, la guía establece que las autoridades (Aduanas, Registro Fitosanitario, etc.) deben estar coordinadas bajo marcos legales a fin de compartir información, métodos, protocolos para permitir detecciones, primeras respuestas e investigaciones posteriores.
Así también, habla de la necesidad de fiscalizar el mercado interno a través de la capacitación a distribuidores y agricultores para identificar productos falsos (Ej.: empaques, etiquetas, canales de distribución riesgosos, precios sospechosos, características del producto documentación comercial-factura).
Por último, para la disposición de envases, la guía aboga por el triple lavado y ponchadura de los recipientes.
La guía de mejores prácticas pretende frenar el comercio ilegal de plaguicidas que pueden convertirse en una hoja de ruta para diseñar estrategias nacionales que combatan este delito. Para ello, CropLife Latin America ha promovido el manual en México, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay.
[Fuente: CropLife Latin America]
[Foto Ilustrativa]
