Agricultores de varias zonas productivas del país manifestaron su preocupación por el estudio del proyecto de ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”. La modificación contempla pena privativa de libertad de tres a ocho años o multa para aquellos que realicen pulverizaciones aéreas o terrestres cerca de recursos hídricos, zonas urbanas, escuelas, centros de salud, etc., sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable. Sin embargo, este aspecto ya se encuentra contemplado en la Ley 3472/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, lo que demuestra no solo el desconocimiento de las normas vigentes y del sistema de producción desarrollado en Paraguay, sino que generará una sobrecarga innecesaria de leyes. El documento, que debía analizarse en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 6 de mayo, tuvo dictamen a favor de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La diputada por Central por Cruzada Nacional Leidy Galeano fue quien presentó el proyecto de ley respaldada en datos provistos por la ONG Base IS.
El proyecto de ley, cuyo tratamiento estaba previsto en el punto 18 del orden del día de la sesión ordinaria del martes 6 de mayo, incluye un quinto inciso que pretende sancionar con pena privativa de libertad de tres a ocho años o multa a aquellos que:
“e) Realicen pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros y puestos de salud, plazas, lugares de concurrencia pública, nacientes y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable”.
Sin embargo, el Capítulo XV de la Ley 3472/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” ya establece cuáles son las franjas de protección que se deben cumplir en caso de aplicaciones terrestres o aéreas de productos fitosanitarios, mientras que en el Capítulo XVII de esta misma norma se estipulan las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las disposiciones anteriores.
Desde el Foro Agro del Sur Paraguay un grupo de productores afirmó: “desde el campo levantamos la voz para repudiar este proyecto de ley que pretende penalizar el uso de agroquímicos en Paraguay. Esto no es protección ambiental, es persecución al que trabaja”, expresaron.
Enfatizaron que los productores de alimentos no son criminales y que las aplicaciones de los productos autorizados por el Senave se realizan bajo normas técnicas y con responsabilidad. “No se puede permitir que se legisle con ideología y desconocimiento técnico, exponiendo a productores a ir a la cárcel solo por trabajar”, resaltaron.
Según el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Juan Maciel (ANR-Caazapá), se debe regular el uso indiscriminado de “agrotóxicos” en nuestro país, que importa más de 50 000 toneladas anuales de estos productos. «Se suceden denuncias sobre pulverizaciones cercanas a escuelas rurales que ponen en riesgo la salud de niños y jóvenes, obligando incluso al cierre de algunas instituciones», mencionó el legislador, de acuerdo con lo publicado en el portal web de la cámara baja.
[Foto: aplicación de defensivos agrícolas en cultivo de soja / Archivo Productiva C&M]