Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay ratificaron durante la XLIX Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná, desarrollada ayer 30 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, su rechazo al peaje impuesto de manera unilateral por Argentina y solicitaron a su Gobierno que suspenda su aplicación hasta tanto demuestre servicios efectivamente prestados que justifiquen la medida. Pidieron, además, que garantice la libertad de navegación y de tránsito y se abstenga de adoptar otras medidas restrictivas a la navegación, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Los cuatro países entienden que, sin perjuicio de otras alternativas complementarias, el tema debe ser abordado en una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, en la que se revise la discusión desde una perspectiva integral que contemple elementos técnicos, legales, operativos y económicos, de modo a avanzar en la aplicación del Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias, en la búsqueda de una salida satisfactoria para todas las partes.

 

En ese sentido, Paraguay está propiciando el cumplimiento de los pasos procedimentales contemplados en el Protocolo sobre Solución de Controversias cuya última instancia es someter la controversia a la decisión de un Tribunal Arbitral. En efecto, en la fecha se estableció, ad referendum de la delegación argentina, un plazo de 60 días para que cada país presente su lista de árbitros.

 

Argentina tomó nota de los reclamos de los cuatro estados signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná, respecto a la suspensión de la medida y se refirió a la información técnica adicional que presentó el 24 de agosto para demostrar servicios prestados a la navegación en el tramo del río Paraná desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe. En ese sentido, propuso que dicha información sea analizada en la instancia técnica de la Comisión del Acuerdo.

 

La delegación paraguaya estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente y miembro del Directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el director general de la Marina Mercante, representantes de la Prefectura General Naval y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

 

[Fuente y foto: MRE]