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Agricultura

Buscan actualizar ley para evitar venta ilegal de semillas

El Ing. Agr. Pastor Soria, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), explicó a Productiva que hay intención de realizar una revisión de la Ley de Semillas para evitar la comercialización irregular de las simientes, es decir, sin el permiso del obtentor que posee la propiedad intelectual de la genética. Aclaró que el productor que adquiere semillas certificadas puede reservar una parte del material para uso propio (siembra), pero no debe venderlo. En este contexto, mencionó que se está realizando un conversatorio con los sectores involucrados para llegar a un consenso sobre el tema.   Ley Nº 385/94 “De semillas y protección de cultivares” prohíbe y sanciona la comercialización de semillas certificadas sin permiso del obtentor; sin embargo, esto no se cumple, por lo que se busca revisar la norma para actualizar este punto. Soria aclaró que el Senave no presentó ningún proyecto de modificación al Congreso, sino que se está trabajando en un borrador que ya se había elaborado en 2017.   «No existe todavía ningún proyecto de ley, nosotros aún nos regimos de la Ley del año 1994. Lo que estamos haciendo en este momento es un conversatorio de inicio o continuación del primer borrador del 2017 que no pudo avanzar hasta ahora porque cada vez que se iba a iniciar, siempre estaba la oposición a modificar la ley», sostuvo Soria.   El titular del Senave explicó que hay una preocupación por parte de la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov) y de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp), gremios que aglutinan a los obtentores y productores de semilla, respecto a la comercialización de las semillas que se reservan para uso propio y que luego son utilizadas nuevamente por otros agricultores.   «Entonces, lo que queremos hacer es una revisión, pero primero vamos a conversar con todos los actores. Incluso hablamos con los gremios de productores sobre la necesidad de sentarnos a hablar y ver cuáles son los puntos que ellos objetan para adecuar la ley, de manera a que realmente sea bien funcional y genere seriedad para las empresas obtentoras, que dicen que, si como país le damos garantía de que su semilla será protegida, entonces invertirán más», agregó.   Resaltó, además, que según datos de una investigación que llevan realizando, solo el 40 % de la siembra corresponde a semillas certificadas, es decir, un 60 % proviene del comercio ilegal (bolsa blanca) en maíz y soja, por lo que aseveró la importancia de revisar la ley.   Recordó, asimismo, que los productores que compran semillas certificadas pueden hacer la declaración de reserva para uso propio.   Acotó, por otra parte, que la mayor cantidad de semillas se importa de Argentina y Brasil, por lo que puntualizó que eso debe cambiar debido a que el país es un gran productor de granos y que la única forma de lograrlo es generando confianza en las empresas que hacen investigación y desarrollo.   «Estamos buscado con los actores para ver cómo hacer más atractivo el mercado de semillas en el Paraguay. Estoy seguro de que vamos a seguir con las conversaciones, y tendremos un avance dialogando con todos los sectores, de tal manera a encontrar la mejor solución a esta problemática», finalizó Soria.   Sobre la Ley Nº 385/94 – Ley de semillas y protección de cultivares: La presente Ley tiene por objeto promover una eficiente actividad de obtención de cultivares; la producción, circulación, comercialización y control de calidad de semillas; asegurar a los agricultores y usuarios en general la identidad y calidad de la semilla que adquieren, y proteger el derecho de los creadores de nuevos cultivares, en armonía con los acuerdos intrarregionales firmados o a firmarse y con las normas internacionales en materia de semillas.   Las semillas contienen la información genética desarrollada por las empresas de investigación y desarrollo y, por tanto, tienen la propiedad intelectual sobre ellas.    

Ganadería

ACCP y ARP repudian robo y comercio ilegal de cerdos

Con la finalidad de resguardar la seguridad pública y estabilidad del sector porcino nacional, la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestaron su preocupación por los reiterados robos de cerdos de las granjas de productores, así como por el contrabando y la comercialización ilegal de estos animales, ya que afectan directamente a la economía del sector formal y pone en riesgo a miles de puestos de trabajo.   Últimamente, se han registrado en el país muchos casos de robos, contrabando y comercio ilegal que afectan severamente al sector porcino paraguayo, por lo que considerando la importancia de este segmento dentro de la cadena productiva y su valor para la mesa de miles de hogares, la ACCP y la ARP instan al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública y estabilidad de los actores de la producción local de cerdos.   “Mostramos preocupación por los reiterados robos acaecidos en granjas de productores de cerdos, contrabando impune y la comercialización de estos. Es importante resaltar que la venta y posterior consumo de carnes de dudosa procedencia apeligran tanto a la salud de los consumidores como a la soberanía alimentaria misma de Paraguay y sus compromisos asumidos en materia de bioseguridad”, según se resalta en el comunicado oficial.   Ambas instituciones reiteran que estos hechos delictivos generan cuantiosas pérdidas económicas al sector formal y ponen en vilo a miles de puestos de trabajo que se crearon dignamente. Por ello, instan a las autoridades a cumplir con la garantía del Estado de Derecho que otorgue la seguridad física que requiere el sector y actué a favor de los miles de trabajadores y establecimientos asentados en el país.   Por otra parte, recordaron que desde sus inicios el sector porcino ha enfatizado la necesidad de impulsar la formalidad y el empleo digno por medio de inversiones realizadas en instalaciones, tecnología y capital humano.    

Agricultura

El desafío es vender dos millones de bolsas de semillas

Si bien existe una mayor producción semillera de soja para la campaña 2022/23, de 1 800 000 bolsas más 200 000 importadas, la principal preocupación es el nivel de ilegalidad en el comercio de simientes que impide un aumento de la tasa de utilización de semillas certificadas, por lo que el gran desafío para la próxima zafra es lograr vender toda la producción, señalaron a Nación Productiva representantes del sector semillero nacional.   En entrevista con Nación Productiva, espacio periodístico emitido los domingos a las 20:00 en canal PRO, referentes de la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp) y las compañías GPSA y Dekalpar S.A. coincidieron en que el comercio ilegal de semillas de soja afecta fuertemente a los semilleros del país e imposibilita una mayor adopción de semillas certificadas.   Aprosemp. La Dra. Dolia Garcete, directora ejecutiva de la institución, resaltó que además de aumentar la tasa de utilización de semillas certificadas de soja, la prioridad es el mayor control del comercio ilegal. Destacó que en esta zafriña se tuvo un récord en área de siembra destinada a la producción de semillas de soja (74 245 hectáreas), en comparación con los últimos 10 años, pero la ilegalidad representa una competencia desleal para los productores que optan por el uso de simientes de calidad.   Garcete señaló que el nivel de utilización de semillas de soja certificadas en la campaña 2020/21 estuvo en torno al 30 %. Asimismo, para definir los criterios de uso de los materiales certificados, la Aprosemp mantiene constantemente un diálogo con los obtentores locales, de manera a priorizar esta necesidad, indicó.   Por otra parte, subrayó que uno de los desafíos de la asociación es promover la actualización del marco regulatorio de la Ley N° 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares y la reglamentación de su Artículo 35, que establece la reserva de semillas protegidas y el derecho del obtentor.   GPSA. En la entrevista, Paulo Prass, gerente de Semillas de GPSA, resaltó que actualmente el mayor desafío es comercializar toda la semilla producida, ya que el comercio ilegal juega en contra porque existe una gran difusión de esta práctica ilícita. Puntualizó que el uso de semillas certificadas le ofrece al agricultor garantía y seguridad al momento de producir.   Prass mencionó que la meta es elevar la tasa de utilización de semillas de soja certificadas hasta el 60 %.   El mejoramiento de la calidad de semillas es parte fundamental de la garantía de esta certificación. En ese sentido, el representante de Semillas de GPSA contó que la compañía sigue innovando para brindar una mejor calidad de semillas a los productores, ya que en el 2021 se hizo una inversión importante en la instalación de un secadero, además de mejoras en la padronización de semillas y también la ampliación de equipos y capital humano para los laboratorios.   Explicó que el control de calidad es una tarea que se realiza en todos los procesos vinculados a la producción de semillas de soja. “Cada 15 a 20 días se toman muestras y se hace el control de calidad, pensando en la germinación, vigor y padronización hasta la entrega de la semilla”, precisó.   Dentro del marco del plan semillero 2022/23, GPSA aumentará 55 % el volumen de producción de semillas de soja, por lo que dispondrá de 215 000 bolsas de semillas de soja, 76 000 bolsas más que la zafra pasada.   Compañía Dekalpar S.A. A su vez, el Ing. Agr. Leandro Tecchio, gerente de Marketing de Compañía Dekalpar S.A., manifestó que la firma trabaja de forma coordinada con sus colaboradores para combatir el comercio ilegal de semillas de soja.   Dijo que uno de los desafíos es la disponibilidad de mejores variedades de soja en la presente campaña agrícola. Para ello, se está implementando un plan de desarrollo de materiales de calidad y un seguimiento de las actualizaciones en relación con la reglamentación de la producción de semillas.   Para la campaña 2022/23 Compañía Dekalpar S.A. apunta a la disponibilidad de 150 000 bolsas, un aumento del 30 %, respecto a años anteriores, acotó el profesional.   [Foto icon-camera: Paulo Prass, gerente de Semillas de GPSA y Dolia Garcete, directora ejecutiva de Aprosemp/ Nación Productiva]  

Agricultura

Cómo identificar el comercio ilegal de plaguicidas

Con el propósito de combatir el comercio ilegal de plaguicidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó una guía de mejores prácticas, que consiste en identificar la problemática y crear conciencia en las personas sobre el impacto de la comercialización ilícita de estos productos.   La guía promovida por la OCDE es un documento que contiene 105 puntos, que busca brindar a las autoridades regulatorias una serie de estrategias para identificar y combatir el comercio ilegal de plaguicidas durante todo su ciclo de vida. Al mismo tiempo, la organización alerta sobre las consecuencias negativas que ocasionan estas acciones y resalta la necesidad de acabar con la problemática.   Los puntos detallados en el manual comprenden varios ítems, desde el proceso de manufactura, formulación, exportación, importación, fiscalización hasta la etapa de disposición de envases.   Sobre la manufactura, la OCDE indica que la autoridad nacional competente debe mantener listados de plantas y sitios de almacenaje para inspecciones. Los plaguicidas que se pretenden vender en el país deben tener registro y etiqueta autorizada; si son para exportación, el registro y/o autorización del destino.   Asimismo, las empresas deben mantener bitácoras por al menos cinco años y son las autoridades las encargadas de conservar incautaciones, sanciones y destrucción de productos Ilegales, preferiblemente de forma electrónica y armonizadas para el intercambio de información.   Con respecto a la formulación, se recomienda mantener listas de maquiladores o formuladores, y productores de envases y etiquetas. Las empresas deben proteger las bitácoras de sus formulaciones por al menos cinco años y la impresión del número debe estar de forma indeleble en los envases.   La guía también hace referencia a la exportación de los plaguicidas e indica que es necesario mantener una lista de exportadores que permita a las autoridades vincularlos con los cargamentos.   En ese sentido, la guía menciona los exportadores deben conservar bitácoras de mercaderías en custodia y exportadas por al menos cinco años. Agrega que es importante mantener la información de origen de plaguicidas y sus fabricantes disponible para la fiscalización de los efectos de trazabilidad y además, solo se permite exportar a destinos donde exista registro y/o autorización y etiquetas aprobadas.   Algunos puntos detallados en cuanto a la importación son el mantenimiento de las listas de importadores para facilitar la identificación de cargamentos e inspecciones y la realización de riesgo de ingreso de plaguicidas ilegales al país para actualizar políticas de prevención.   Se destaca, además, la elaboración de inspecciones focalizadas (revisión de documentación, obstrucción de fiscalización) y acudir a análisis químicos de ser necesario. Es vital dar seguimiento adecuado a las acciones aduanales en frontera (liberación, retorno, redestino, destrucción); alertar a otros países en caso de redestino.   En cuanto a la fiscalización del mercado interno, se deben considerar las inspecciones relacionadas con la distribución geográfica y diferentes competencias (federal, estatal, municipal). Se deben revisar empaques, etiquetas, registros de ventas y capacitar a los distribuidores y agricultores sobre la identificación de productos falsos (empaques, etiquetas, canales de distribución riesgosos, precios sospechosos, características del producto documentación comercial – factura).   Por último, sobre la disposición de envases la guía recomienda no reutilizarlos para la distribución de productos ilegales. Se aboga por el triple lavado y ponchadura de envases.   Otra recomendación que se resalta es la destrucción de estos productos ilegales, a fin de prevenir el reingreso al canal de distribución, incluyendo su financiamiento.   La OCDE es una organización internacional que busca trabajar e impulsar estrategias que mejoren la calidad de vida de los países miembros. En conjunto con los gobiernos, realiza trabajos para crear estándares internacionales en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. A nivel de Latinoamérica, Chile, México y Colombia se destacan como miembros.   [Fuente: CropLife]  

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