Desde la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria manifestaron su preocupación ante el avance de un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 4° de la Ley N.º 716/96, introduciendo sanciones más severas para el uso de fitosanitarios en actividades agrícolas.
La iniciativa contempla la penalización de pulverizaciones aéreas y terrestres con plaguicidas, insecticidas y otros productos fitosanitarios, incluyendo penas de hasta ocho años de cárcel o multas elevadas.
Según se explica en el último boletín informativo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), las sanciones se aplicarían en casos donde estas prácticas se realicen en zonas cercanas a asentamientos humanos, espacios públicos, fuentes de agua o cursos hídricos, sin respetar las franjas de protección establecidas por la normativa vigente.
Desde el sector productivo consideran que la propuesta parte de una visión crítica del modelo agrícola, al sostener que el uso de agroquímicos implica riesgos para la salud humana y el ambiente. No obstante, desde Capasagro remarcan que estos insumos cuentan con regulaciones estrictas en Paraguay, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, que clasifica los productos, según su nivel toxicológico y controla su uso.
En ese contexto, el presidente del gremio, Ramón Sánchez, explicó que la utilización de estos productos se rige por estándares internacionales, como los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Como ejemplo, mencionó las campañas de control del mosquito impulsadas por el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, donde se aplican insecticidas en entornos urbanos sin generar riesgos para la población.
“El uso de estos productos está normado y responde a criterios técnicos. No se trata de aplicaciones indiscriminadas”, sostuvo Sánchez, quien además resaltó que el sector ha logrado avances importantes en tecnología, calidad e inocuidad durante las últimas décadas.
Desde Capasagro también advirtieron que el proyecto podría incrementar la incertidumbre jurídica para los productores, en un contexto donde el uso de fitosanitarios es parte estructural de los sistemas productivos. Asimismo, alertaron sobre posibles efectos colaterales en otras actividades, como el control de plagas en entornos comerciales.
Ante la posibilidad de que la iniciativa sea tratada en la Cámara de Diputados, el gremio adelantó que solicitará su rechazo, argumentando que se trata de una propuesta que no contempla la realidad productiva ni el marco regulatorio vigente.
[Foto: Aplicación – fitosanitarios / Archivo / Productiva C&M]
