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Agricultura

Gremios apoyan intención de elevar pena por invasiones

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) ratificaron su apoyo al proyecto de ley que pretende elevar la pena por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, de modo a que sea tipificado ya no como un delito, sino como un crimen. La propuesta será tratada este jueves en la Cámara de Senadores.   Considerando que la seguridad jurídica es fundamental para acompañar el proceso de desarrollo socioeconómico del Paraguay, la Capeco y la APS sentaron postura hoy sobre el proyecto de ley que pretende elevar la pena por invasión de inmueble ajeno hasta seis años y en caso de que hubiera daño patrimonial, hasta 10 años. Su tratamiento figura en el orden del día de la sesión de este jueves de la Cámara de Senadores.   Desde la Capeco señalan que los productores, exportadores y miembros de la cadena de valor del sector agropecuario viven con incertidumbre ante las constantes amenazas e invasiones. El gremio cree que con este paso se garantizarán las inversiones en el campo y la ciudad, brindando mayor estabilidad económica al país.   En ese sentido, la Capeco insta a los senadores a que tomen la decisión interpretando la imperiosa necesidad de precautelar de manera rigurosa la garantía constitucional de la propiedad privada, que permitirá que se fortalezca la necesaria seguridad jurídica para seguir impulsando el crecimiento económico y social de Paraguay.   Por su parte, la APS sostiene que la seguridad jurídica es innegociable, así como lo establece la Constitución Nacional. “Sostenemos que es de vital importancia tipificar como crímenes las invasiones de propiedades, considerando que nuestro país no podrá desarrollarse si no se garantizan las inversiones presentes a un futuro cercano”, señala el comunicado del gremio.   La APS, además, menciona que debido a la inseguridad jurídica permanente las inversiones en Paraguay no pueden desarrollarse y los productores viven constantemente amenazados por las invasiones. La institución puntualizó que en nuestro país rige la completa impunidad ante la invasión de un inmueble ajeno.   En su comunicado la APS también alertó que, de seguir la impunidad reinante a raíz de las constantes invasiones, el desarrollo del país está seriamente comprometido y se pone en riesgo el sostenimiento de la estabilidad de todo un país.   “Creemos que mediante el trabajo en el campo, sin riesgos ni peligro, garantizado en una ley, es posible construir un Paraguay mejor, en donde se logren beneficios para la toda la población”, indica la APS.   El gremio también insta a los miembros de la Cámara de Senadores a que evalúen el impacto positivo que puede tener la aprobación de un proyecto de ley como este, que garantice al productor la posibilidad de contar con seguridad y garantías, ya que, de lo contrario, habrá menos oportunidades para los más necesitados, porque los inversores no se animarán a arriesgarse en una condición negativa.   “Paraguay se destaca por su capacidad de producción de alimentos agropecuarios, por ende, para seguir transcendiendo a nivel internacional es necesario garantizar la seguridad jurídica, que es la piedra angular que respaldará esa expansión en el futuro”, concluye el escrito.   La Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (Capeli), la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná, la ARP, la UGP y la Feprinco también se manifestaron a favor de la aprobación de este proyecto.   Sobre el proyecto. El proyecto de ley que modifica el artículo 142 del Código Penal Paraguayo pretende elevar la pena por invasión de inmueble ajeno hasta seis años y, en caso de que se produzca daño patrimonial, hasta 10 años. Con esto, este hecho punible será tipificado como crimen.   Actualmente, la invasión de inmueble ajeno es castigada con una pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa, por lo que es un delito.   Los proyectistas son los senadores Enrique Riera, Fidel Zavala, Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen y Patrick Kemper.  

Agricultura

Impulsan proyecto de uso de residuos agroindustriales

Un proyecto de economía verde es impulsado en nuestro país, a fin de validar los residuos agroindustriales como fuente renovable de energía térmica. Se busca generar una mayor competitividad de las empresas nacionales, mediante la reducción de costos energéticos, creación de empleo y adecuación ambiental.   El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Programa Prociencia, y el apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), lleva adelante el proyecto “Diagnóstico y proyección de la potencia de residuos agroindustriales como fuente renovable de energía térmica industrial en Paraguay”, con el objetivo de validar residuos agroindustriales como fuente renovable de energía térmica.   El proyecto tiene como finalidad generar información para promover un modelo nacional de “economía verde”, que transforme un problema ambiental en una oportunidad de mejora, y promueva una mayor competitividad de las empresas paraguayas, mediante la reducción de costos energéticos, generación de empleo y adecuación ambiental. El uso de estos residuos para fines energéticos contribuirá en la reducción de la huella de carbono de los productos industrializados, aumentando la competitividad en el mercado internacional.   El estudio consiste en identificar a las cadenas agroindustriales y fuentes cuyos residuos presenten potencial energético factible. Posterior a esto, se realizará un análisis estimativo de su volumen actual y la determinación de su capacidad térmica. Con esto se busca pronosticar el potencial energético que generarían los residuos seleccionados en diferentes escenarios de crecimiento, mediante el uso de simulación computarizada.   La utilización de la biomasa residual es capaz de contribuir de forma directa a la reducción del consumo de leña y combustibles de origen fósil o derivados del petróleo, cuyos costos restan competitividad y comprometen el medio ambiente.   Los residuos sólidos lignocelulósicos incluyen las cáscaras, hojas, tallos, residuos de semillas, afrechos, bagazos y otros, que se originan durante el procesamiento industrial de materias primas como la soja, caña de azúcar, sésamo, arroz, maíz, mandioca, girasol y otros productos agrícolas.   Estos residuos contienen, principalmente, carbono en forma de polímeros, con diferentes contenidos en celulosa, hemicelulosa y lignina, que presentan un gran potencial para uso energético mediante combustión y para la obtención de intermediarios químicos para la industria química y biotecnológica.   Al respecto, el Dr. Juan Rivaldi, investigador principal del proyecto, señaló que en nuestro país existe la dificultad de establecer estrategias de aprovechamiento de residuos agroindustriales debido a la escasez de información sobre ellos. “El principal beneficio que se obtendrá a partir de este proyecto será la generación de información técnico-científica relacionada con la localización, volumen y características físicas y químicas de la biomasa residual agroindustrial en territorio nacional”, agregó el profesional.   Durante el estudio del proyecto los científicos podrán identificar las mejores prácticas para la implementación de sistemas de generación energética a partir de residuos agroindustriales. Asimismo, se podrán establecer nuevas estrategias para el aprovechamiento de los residuos, no solo para fines energéticos, sino para la obtención de diversos productos químicos.   El proyecto promovido por el Conacyt tiene una inversión de G 250 000 000 y lo integran varios profesionales, entre ellos el Dr. Juan Rivaldi, el Dr. Hyun Ho Shin, la Ing. Karen Martínez, el Ing. Mario Smidt, el Ing. Federico Colmán, el Ing. Carlos Sauer, el Dr. Gustavo Riveros, la Ing. Edelira Velázquez y el Lic. Miguel Leiva.   [Fuente: Conacyt] [Foto icon-camera : Portal Agricultura & Ganadería]    

Agricultura

Fortalecerán comercio de productos agropecuarios

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la organización International Executive Service Corps (IESC) firmaron un acuerdo con miras a fortalecer los procesos para la exportación, importación y tránsito de productos agropecuarios en nuestro país de una manera más simple, modera y armónica.   A través del proyecto Sistemas y Tecnología Agrícolas para Facilitar el Comercio (T-FAST, por sus siglas en inglés), el Senave y IESC firmaron un convenio de cooperación, a fin de facilitar la comercialización de los productos agropecuarios y beneficiar a los productores nacionales durante esta etapa.   La opción de comercio forma parte de una financiación impulsada por el programa Food for Progress del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).   El proyecto, que involucra a los sectores público y privado, pretende reducir las barreras no arancelarias al comercio. Asimismo, se busca disminuir un 14 % el costo del comercio de productos agropecuarios y 30 % del tiempo de liberación de mismos, además de crear mejoras en la previsibilidad por medio de la transparencia y la automatización de los procesos.   A la espera de lograr los objetivos propuestos, el emprendimiento tendrá una duración de cuatro años y una inversión de USD 8,9 millones, Así también, se realizará una evaluación integral de los procesos de cada área de operación del Senave y de otras instituciones del Sistema de Ministerio de Agricultura y Ganadería (Sistema MAG).   Sobre el convenio firmado, Rodrigo González, presidente del Senave, señaló que el proyecto T-FAST tiene como finalidad la facilitación del comercio con las inversiones en tecnologías. “Este proyecto viene a fortalecer el componente de innovaciones tecnológicas que no solo va a facilitar el proyecto, sino también ayuda a la seguridad alimentaria, a la gestión de la administración pública, aumentando la eficacia de los servicios”, puntualizó.   [Fuentes: Senave y Economía]  

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