Agricultura
Ni siquiera han sido estudiados, pero los proyectos de ley presentados por el diputado Colym Soroka y otros, sobre prórroga de vencimiento de contratos de granos de la zafra 2021/2022 y sobre la suspensión del pago de regalías por el uso de biotecnología, ya están ocasionando problemas a pequeños productores de escasos recursos, puesto que los silos y las empresas acopiadoras cortaron totalmente la firma de los contratos privados por el temor a que no se cumplan los compromisos y, además, corren el riesgo de quedarse sin los eventos tecnológicos. Por estos motivos piden el urgente rechazo. Pequeños productores de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná y Caazapá, nucleados en la Asociación Ñemity de Agricultura Familiar, a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, y remitida este lunes, expresaron su preocupación por los inconvenientes que ya les están generando los dos proyectos de ley presentados, incluso sin haber sido estudiados aún, porque, por un lado, no están consiguiendo financiamiento para la actual campaña agrícola, y, por otra, porque ante la posibilidad de suspender el pago de regalías, corren el riesgo de quedarse sin las biotecnologías. Por estos motivos solicitan el urgente rechazo y archivamiento definitivo de ambas propuestas legislativas cuando sean tratadas en el pleno. Se trata de los proyectos cuyo principal impulsor es el diputado Soroka, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. El primero es el “Que prorroga el vencimiento por un año y prohíbe la aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de contratos de entregas de granos de la zafra 2021/22”, y el segundo, el que “Suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos genéticos y biotecnológicos protegidos por patentes de invención”. Ambos ingresaron a la Cámara para su estudio el pasado 28 de setiembre. “Aún antes de ser siquiera aprobadas esas dos leyes, ya están generando problemas a miles de pequeños productores de escasos recursos de nuestras bases que se dedican a la producción de granos como rubros de renta y quienes, al carecer de recursos propios para financiar sus cultivos, siempre han recurrido a la figura del contrato privado de compra-venta sobre la cosecha futura, para acceder a créditos para los insumos necesarios”, menciona la nota. Explica también que los silos y las empresas acopiadoras han cortado totalmente la firma de los acostumbrados contratos privados y con ello los créditos, debido al temor de no cumplimiento de los compromisos contractuales firmados con los pequeños productores. Los pequeños agricultores resaltan, además, que el Estado tampoco tiene los recursos para hacerse cargo de la financiación y, considerando que se está en plena época de siembra, “miles de familias campesinas e indígenas ‘graneras’ quedan sin la menor posibilidad de producir”. Agregan que les llama la atención que el proyecto sobre vencimiento de contratos habla de la zafra 2021/2022, ya que esa cosecha materialmente ya no existe, “dado que ningún productor guarda durante un año sus granos de soja cosechados”. Primero –explican-, porque no tienen silos y segundo, porque el hecho de guardarlos, en vez de mejorar los precios, los empeora. Resaltan que de la chacra los llevan directo a los silos con los que tienen contratos firmados. “Así funciona el sistema, sin excepción, a nivel de los pequeños productores, señor presidente”, enfatiza la nota. Agrega que “el proyecto en cuestión solo muestra que, por algún motivo que nada tiene que ver con lo que los productores y el país necesitan, niega esta realidad vital para la producción”. Con relación al segundo proyecto, la Asociación Ñemity de Agricultura Familiar aclara que el no pago de las regalías automáticamente les deja sin la posibilidad de acceder a las tecnologías generadas por las empresas que se dedican a la investigación y producción de nuevas técnicas agrícolas, las cuales van quedando obsoletas – tal como lo menciona el propio proyectista en su argumentación- y necesitan una renovación constante y permanente. “El punto es que nadie nos dará nada gratis. Y si no van a percibir nada por su material genético, nos dejan sin la tecnología y listo”, enfatiza en sencillos términos el escrito. Acota la nota que el Estado tampoco tiene un programa de investigación y producción de materiales genéticos de alto potencial productivo capaz de sustituir a los que producen la biotecnología y cuya distribución sea gratuita –ya que eso plantea el proyecto de ley- a los pequeños productores campesinos e indígenas del país. “Sería tal vez más plausible que se cree un espacio de diálogo entre productores y empresas semilleras donde se discuta entre las partes interesadas rebajas y quitas de las regalías, pero no una ley que solo trae complicaciones y daños económicos a los productores”, plantea la asociación. La nota finaliza mencionando que para evitar un perjuicio irreparable a los intereses del sector más vulnerable de la sociedad, que son los pequeños productores campesinos e indígenas, la Asociación solicita el urgente rechazo y archivamiento definitivo de estos proyectos de ley.
