Ante las medidas restrictivas a la navegación impuestas por la República Argentina en la Hidrovía Paraguay-Paraná a partir de la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitan al Gobierno argentino la suspensión de las restricciones a la libertad de tránsito y que se abstenga de aplicar otras acciones restrictivas hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental.

 

Debido a las restricciones a la libertad de tránsito y la libre navegación impuestas por Argentina al transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay han expresado su descontento y lamentan las medidas aplicadas a partir de la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes.

 

En un comunicado, los cuatro gobiernos de la región destacan que pese a los cuestionamientos presentados la República Argentina continúa impulsando medidas restrictivas a la navegación. El último caso fue una orden de embargo e interdicción de salida de la barcaza paraguaya MGT-05, que estaba cargada y lista para zarpar con 2,7 millones de litros de combustible, con base en la pretensión de cobro del referido peaje.

 

Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay expresan una especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de este insumo, lo que representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral.

 

Al subrayar la importancia de mancomunar esfuerzos para facilitar el transporte comercial, favorecer el desarrollo y eficiencia de la navegación así como la institucionalidad del sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná, los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reiteran su solicitud a la República Argentina de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 del Ministerio de Transporte, adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas a la navegación hasta tanto se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la Hidrovía”, resaltan los gobiernos.

 

Este conflicto inició en enero de este 2023 cuando Argentina fijó de manera unilateral el pago de un canon de USD 1,47 por tonelada de registro neto, por subida y por bajada, impuesto al transporte fluvial que circula por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”.