Durante la sesión ordinaria de hoy la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “De los créditos de carbono”, cuyo objetivo es, según la exposición de motivos, generar ganancias económicas a partir del desarrollo de diferentes tipos de proyectos que apunten a la reducción de emisiones o captura de CO2 y que generen estos bonos en sectores tales como: forestal, agricultura y ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y uso de producto. Es decir, con esto se consigue un efecto positivo en el ambiente y al mismo tiempo se diversifican las fuentes de ingresos de productores y otros actores, destaca el documento, que ahora se remite al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
Este proyecto que consta de 26 artículos es una iniciativa de los parlamentarios: Patrick Kemper, Basilio Núñez, Óscar Rubén Salomón Fernández, Antonio Barrios, Kattya González, Luis Alberto Pettengill, Zenaida Delgado, Natalicio Chase y Derlis Maidana.
El crédito de carbono es un instrumento comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado.
Estos instrumentos permiten a empresas y países compensar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), a través de la inversión en proyectos que mitiguen los gases de efecto invernadero, como la captura de carbono o la reforestación.
Un crédito de carbono no es otra cosa que un permiso de emisiones. Por cada uno de los también llamados bonos de carbono, una empresa o un país tiene derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono o el equivalente de otro gas de efecto invernadero. En función del sistema empleado, cada entidad posee un número limitado de créditos y puede adquirir nuevos de dos formas: comprándoselos a un tercero o generándolos a través de proyectos de mitigación.
El proyecto sancionado establece que los profesionales y/o empresas interesadas en desarrollar proyectos de certificación de actividades realizadas o a realizarse para la generación de créditos de carbono deberán inscribirse en el Registro de los Créditos de Carbono (RCC), cuyos requisitos serán establecidos por el Mades, que es la autoridad de aplicación.
En la exposición de motivos se aclara que no se creará un régimen tributario especial, sino que se aplicará el régimen general, según el cual la transferencia de los créditos de carbono estará libre de IVA y gravada por el Impuesto a la Renta.
El artículo 16 del documento establece que: “Cada solicitud de inscripción, notificación de emisión, transferencia de Créditos de Carbono en el Registro de los Créditos de Carbono (RCC), así como las modificaciones de aquéllas, estará sujeta a un canon de hasta 500 (quinientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la República del Paraguay, a ser percibido por la Autoridad de Aplicación”.
Los proyectistas consideran que el crecimiento del mercado de los créditos de carbono a nivel mundial representa actualmente una oportunidad para Paraguay ante el abundante capital natural que posee, basado en la riqueza de su biodiversidad y la posibilidad de generar ganancias económicas a partir del desarrollo de diferentes tipos de proyectos en sectores tales como: forestal, agricultura y ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y uso de productos, por citar algunos.
Subrayan que los proyectos relacionados a créditos de carbono tienen, por lo general, un doble impacto: por un lado, un efecto positivo para el medio ambiente a través de la reducción, eliminación y/o captura del dióxido de carbono y, por otro lado, la posibilidad de generar y diversificar las fuentes de ingresos de pequeños, medianos y grandes productores, propietarios de inmuebles y otros actores.
El proyecto presentado indica que en Paraguay existen diversos actores que se encuentran actualmente desarrollando proyectos que apuntan a los mercados de carbono sin contar con un marco legal nacional.
En consonancia con el respeto a la propiedad privada, el régimen de libre mercado y la preservación de la soberanía nacional -todos estos principios consagrados por la Constitución Nacional, este proyecto propone crear un marco legal que permita otorgar seguridad jurídica sobre la propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Paraguay, garantizar su libre comercialización en el mercado voluntario y otorgar transparencia a las transacciones.
Tiene también como objetivo otorgar un marco de acción claro y delimitar la intervención gubernamental a actividades relacionadas con los créditos de carbono, constituyéndose el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como autoridad de aplicación de la ley, encargada de llevar un registro de los créditos de carbono generados en Paraguay y de aquellos adquiridos del exterior, de forma a evitar la doble contabilización, en caso de comercialización de dichos créditos de carbono a entidades del exterior.
