Por medio de un comunicado, varios gremios vinculados a los sectores productivo, industrial y comercial felicitaron y apoyaron “la postura técnica, firme y contundente” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, ya que consideran que atenta contra la soberanía nacional.
Asociaciones vinculadas a la producción, la industria y el comercio respaldaron la postura del MAG de rechazo a la ratificación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), porque –según el comunicado de los gremios- “atenta contra la soberanía nacional de nuestro país”.
De acuerdo con la postura de los gremios, este instrumento regional podría generar trabas al intercambio comercial y la incorporación de tecnologías necesarias para el desarrollo sostenible de Paraguay, basadas “en argumentos con base en supuestos y no en fundamentos científicos, tal como lo dictan la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros organismos multilaterales, que garantizan mediante reglas claras, equilibradas y transparentes el desarrollo agrícola sostenible”.
Firman el comunicado la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Federación de la Producción la Industria y el Comercio (Feprinco), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación de Empresarios Cristianos (Adec) y la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterpra).
Además, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) y la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro (APCS). Igualmente, la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), la Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), entre otros.
El pasado 10 de setiembre, el ministro de Agricultura y Ganadería Santiago Moisés Bertoni expresaba al ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas Palacios su gran preocupación ante la posibilidad de que Paraguay ratifique el acuerdo.
Acotó en la nota que el MAG viene promoviendo regulaciones comerciales basadas en la ciencia y pruebas científicas. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú fomenta lo contrario, pues se basa en el principio precautorio, por lo que promueve regulaciones comerciales basadas en supuestos, sin fundamentos científicos, que causan trabas innecesarias al comercio y al acceso a tecnologías.
Destacó que Paraguay siempre ha asumido con respeto los acuerdos internacionales, lo que permitió no solo el desarrollo de la agricultura a nivel interno, sino posicionar al país como un exitoso exportador de productos agroalimentarios.
Además, resaltó que las reglas de comercio establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros organismos multilaterales de los cuales Paraguay forma parte son suficientes para garantizar reglas claras, transparentes y sobre todo, equilibradas para mantener e desarrollo agrícola sostenible con respecto al ambiente.
Paraguay suscribió el acuerdo el 28 de setiembre de 2018 y fue enviado al Senado para su ratificación, pero la Cancillería lo retiró en diciembre del 2019. Ahora, en medio de una crisis ambiental debido a la sequía y los incendios, el Frente Guasu pide al Ejecutivo que remita nuevamente el documento al Congreso para que sea tratado.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya adopción la presidieron Chile y Costa Rica el 4 de marzo de 2018 tras cuatro años de negociaciones.
El acuerdo recibió ese nombre por adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo, según Cepal, es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe.