El gobierno de Argentina decidió flexibilizar los requisitos históricos para la aprobación de nuevos cultivos transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) de uso agropecuario, al tiempo de establecer plazos más breves para responder a las solicitudes de empresas o instituciones interesadas en lanzar nuevos eventos biotecnológicos al mercado.
Según informó el portal argentino Bichos de Campo, la medida quedó oficializada mediante la Resolución 255/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, que establece un plazo máximo de 150 días para la evaluación y respuesta a las solicitudes vinculadas con nuevos desarrollos biotecnológicos.
Desde comienzos de la década de 1990, Argentina cuenta con un sistema regulatorio para la aprobación de organismos genéticamente modificados que contempla distintas instancias de evaluación antes de su liberación comercial.
Este esquema permitió que el país se posicionara entre los pioneros en la aprobación de cultivos transgénicos, con eventos como la soja Roundup Ready y el maíz Bt, aprobados desde mediados de los años noventa.
En la actualidad, el proceso de evaluación involucra a tres organismos técnicos. Por un lado, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) analiza los aspectos vinculados a la bioseguridad y los posibles impactos sobre el agroecosistema.
Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realiza la evaluación de aptitud alimentaria de los productos derivados, mientras que la Dirección de Mercados Agrícolas analiza los posibles impactos en la producción y la comercialización.
Evaluaciones. Uno de los cambios centrales introducidos por la nueva normativa es la posibilidad de considerar evaluaciones de riesgo realizadas en otros países con marcos regulatorios consolidados en materia de biotecnología.
De esta manera, las autoridades argentinas podrán tomar como referencia estudios y documentación técnica presentados en otros mercados donde ya se haya evaluado un determinado evento biotecnológico.
El objetivo, según la normativa, es actualizar el marco regulatorio y acompañar la expansión del uso de la biotecnología moderna en el sector agropecuario, que en los últimos años también se ha extendido hacia ámbitos agroalimentarios e industriales.
Cooperación regional en bioseguridad. La simplificación del sistema también se vincula con iniciativas de cooperación regional. En ese sentido, Argentina y Brasil firmaron en 2022 un memorando de entendimiento en materia de bioseguridad de productos derivados de la biotecnología moderna.
Posteriormente, el esquema de cooperación se amplió a otros socios del Mercosur, entre ellos Paraguay y Uruguay, con la intención de avanzar hacia una red internacional de bioseguridad que facilite la evaluación y aprobación de nuevos desarrollos biotecnológicos en la región.
Con estos cambios, el gobierno argentino busca agilizar los procesos regulatorios y promover la incorporación de nuevas tecnologías en la producción agropecuaria, en un contexto donde la biotecnología continúa desempeñando un rol clave para mejorar la productividad y la competitividad del sector.
[Foto: Cultivo de soja – imagen ilustrativa / Archivo / Productiva C&M]
