A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la Asociación de Productores de Soja Cereales y Oleaginosas (APS) manifestó su rechazo al uso de semillas de origen ilegal, pero defiende el uso propio de simientes certificadas, según lo establecido en la Ley N° 385/94 de Semillas y Protección de Cultivares.
En respuesta a publicaciones de esta semana del diario Última Hora sobre la escasa utilización de semillas certificadas, la APS señala que está en contra de la utilización de semillas de origen ilegal y muestra su apoyo al uso de propio de las simientes certificadas.
Desde la asociación resaltan la diferencia entre las variedades ancestrales y variedades reconocidas por su mejoramiento genético. Destacan que las ancestrales son libres, mientras que una variedad reconocida debe ser respetada.
En su comunicado la APS insta a no confundir la producción de una semilla para uso propio del productor por la generación de materiales de propagación con la finalidad de un negocio, ya que este último representa un comportamiento que falta a la ética y va en detrimento de las inversiones de semilleros debidamente constituidos que apuestan por la calidad.
La institución, en ese sentido, se encuentra trabajando de cerca con los obtentores y productores de semillas, a fin de establecer un marco armónico dentro del cual se reconozca la propiedad intelectual por el desarrollo de estos germoplasmas de alto rendimiento y de óptima calidad.
Cabe destacar que la venta y el proceso legal de la distribución y multiplicación de semillas permitirán motivar a las empresas obtentoras y productoras de semillas a emplear ese recurso generado, sumados a la experiencia en investigación y desarrollo que tienen, a la búsqueda de variedades ideales para cada región del país.
La APS indica que, actualmente, el mercado local de forma mayoritaria adopta cultivares de otras zonas, por lo tanto, no tienen adaptación a ciertos microclimas de Paraguay.
“Valoramos al obtentor por el germoplasma desarrollado, por ende, sostenemos que su trabajo debe ser remunerado, pero reforzamos nuestra posición de que el agricultor no puede perder el derecho de hacer su propia semilla”, puntualiza el escrito.
Por último, la institución manifiesta que por medio del establecimiento de ciertos acuerdos entre los actores de la cadena de valor semillera y los productores, es posible confiar en el fortalecimiento de una sana competencia en la provisión de variedades de germoplasma y que esto permita al agricultor seguir reproduciendo el material para uso propio.